Según el informe, disponible en el portal web de la organización, las condiciones para los sindicatos y empleados en esta nación sudamericana son extremadamente hostiles.
Apenas el uno por ciento de los trabajadores ecuatorianos tiene acceso a la negociación colectiva, debido principalmente a la intimidación sistemática y a una legislación restrictiva que exige umbrales de afiliación excesivamente altos, señaló la CSI.
Como consecuencia, agregó la entidad, la formación de sindicatos es prácticamente imposible en más del 90 por ciento de las empresas y quienes intentan organizarse enfrentan amenazas, despidos e incluso amenazas de muerte.
El informe también alerta sobre ataques a la libertad de protesta y denuncian la autorización para que las Fuerzas Armadas intervengan en nombre del combate al crimen organizado, un término deliberadamente ambiguo que, señalan, ha sido utilizado para reprimir las movilizaciones sociales.
En noviembre de 2024, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal coalición sindical del país, encabezó una marcha pacífica en Quito contra la respuesta del Gobierno a la crisis económica y en rechazo a la persecución sindical.
Más de mil 500 policías fueron desplegados para bloquear el acceso a la plaza de Santo Domingo, sitio emblemático de protestas públicas en el Centro Histórico, hubo detenciones arbitrarias y el presidente, Daniel Noboa descalificó públicamente la protesta, asegurando que fue “financiada por terceros”.
La CSI concluye que el deterioro de las libertades sindicales en Ecuador refleja una tendencia preocupante de represión y debilitamiento de los derechos laborales.
Ecuador es el único país del continente en el listado.
A la situación descrita se suma que sindicatos han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra dos recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo.
A su vez, las organizaciones sociales y de trabajadores anunciaron nuevas movilizaciones contra la reciente decisión del Ejecutivo de despedir a cinco mil funcionarios públicos y reducir los ministerios de 20 a 14, así como las secretarías de nueve a tres.
oda/avr
