De acuerdo con datos publicados por la institución estatal en su página web, la mayoría de los 22 mil 878 arribos de connacionales -hasta el pasado 31 de julio- son por motivos de deportación (16 mil 548 casos), seguidos por retornos regulares (cinco mil 545) y voluntarios (785).
El recuento del INM detalla que Estados Unidos lidera la lista de países de origen con 16 mil 267 personas, por delante de Guatemala (tres mil 318) y México (tres mil 263).
Las estadísticas establecen que 16 mil 921 de los retornados son hombres, dos mil 616 mujeres, mil 27 niñas y dos mil 314 niños.
Pese a la férrea política migratoria de la administración de Donald Trump, quien tras asumir su mandato en enero último amenazó con deportaciones masivas, las autoridades hondureñas sostienen que la dinámica de retornos disminuyó en comparación con años anteriores.
Recientemente, el director del INM, Wilson Paz, subrayó que el promedio mensual de retornados es de entre dos mil 700 y tres mil compatriotas.
Con ese ritmo, explicó, se estima que 2025 cerrará con unas 40 mil deportaciones, frente a los 58 mil casos reportados en 2023 y a los 44 mil registrados en 2024.
Paz recordó que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro asumió su mandato en enero de 2022 con una alta cantidad de personas expulsadas y eso fue un gran reto.
Tres años y medio después, las deportaciones disminuyeron por diversos factores, entre ellos el trabajo que realiza el ejecutivo, destacó.
También matizó que las detenciones de hondureños en la frontera sur de Estados Unidos bajaron de manera considerable.
Mientras en 2021 las autoridades migratorias norteamericanas capturaron a 320 mil connacionales, el año pasado ese dato bajó a menos de 100 mil personas, una caída de alrededor del 60 por ciento, remarcó Paz, quien aclaró que la mayoría de los interceptados son reincidentes.
A través del programa Hermana, hermano vuelve a casa, el Gobierno de Castro realiza ingentes esfuerzos para garantizar una reinserción económica y social digna y productiva de los migrantes.
Como parte de ese plan de atención, el ejecutivo de la nación centroamericana otorga a cada retornado un bono inicial de 100 dólares para alimentos, y con posterioridad otros mil dólares para que los beneficiarios puedan emprender una actividad económica que les genere ingresos.
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