El organismo judicial reafirmó que «actúa con independencia, sujeta únicamente a la Constitución y al marco jurídico vigente», en respuesta a consultas sobre si se pronunciará frente a las exigencias del oficialismo.

Medios locales informaron que preguntaron al tribunal si respondería públicamente a los recientes cuestionamientos del Gobierno sobre la suspensión parcial de las leyes promovidas por el mandatario, pero la Corte aclaró que no emitirá pronunciamientos frente a «declaraciones políticas».

En los últimos días, las autoridades y sus aliados impulsan una ofensiva contra los magistrados, luego de que suspendieran artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, la de Inteligencia y la de Integridad Pública por considerar que podrían vulnerar derechos fundamentales y violan el principio de unidad de materia.

Esas normativas acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones sociales, juristas y ciudadanos.

En ese contexto, el presidente Noboa propuso una consulta popular que entre sus interrogantes sugiere la posibilidad de someter a los jueces constitucionales a juicio político y también anunció una movilización para el próximo martes 12 de agosto.

«Marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. No podemos permitir que nueve personas entronadas, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes», aseveró el mandatario.

Desde organismos internacionales como Naciones Unidas expresaron su preocupación por la presión del Ejecutivo sobre la Corte.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la Corte Constitucional «ha sido amenazada por otros poderes del Estado» y recordó que «los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias».

Las leyes suspendidas contenían disposiciones que ampliaban las capacidades del Sistema Nacional de Inteligencia sin control judicial, modificaciones sobre justicia tributaria y financiamiento político, y una disposición que permitía convertir cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas.

La Corte aún debe emitir un fallo definitivo sobre el fondo de las demandas, mientras diversos sectores alertan sobre el riesgo de que la presión gubernamental afecte la independencia judicial y el equilibrio democrático en Ecuador.

«Esta marcha es una señal de que la Corte no debe someterse al poder de turno ni dejarse amedrentar por amenazas de contramarchas o consultas populares», manifestó el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, durante una protesta este jueves contra medidas de Noboa.

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