En un video difundido en redes sociales, Satterthwaite recordó que las normas internacionales protegen la independencia judicial porque solo tribunales libres de intimidación pueden aplicar la ley por igual a los poderosos y a los marginados.

La experta advirtió que cuando un jefe de Estado convoca y participa en marchas contra un tribunal por no estar de acuerdo con sus decisiones, “corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a los jueces” y sienta un precedente peligroso que erosiona la separación de poderes.

Sus declaraciones se producen pocos días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezara una marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender temporalmente artículos de tres leyes de interés del Ejecutivo.

La relatora señaló que jueces independientes actúan como contrapeso frente al Ejecutivo y el Legislativo, operan fuera de la política cotidiana y garantizan que todos los funcionarios respeten la Constitución, la ley y los derechos humanos.

“Uno puede no estar de acuerdo con una decisión judicial, pero los desacuerdos deben abordarse por vías legales”, dijo Satterthwaite y subrayó que apelar y desmontar argumentos con base en la Constitución es distinto a organizar campañas públicas contra jueces.

La movilización encabezada por Noboa contra la Corte Constitucional ecuatoriana generó diversas reacciones de rechazo en el ámbito jurídico.

El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña, defendió la actuación del organismo judicial.

“Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró Ocaña en rueda de prensa.

Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”.

Mediante un comunicado, el Foro advirtió que, aunque el debate sobre el juicio político a jueces es legítimo en democracia, “no podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte”.

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