En un comunicado firmado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, esas entidades reconocieron que el país respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es Estado Parte.

Sin embargo, estimaron, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichas infracciones.

El señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana, señalaron.

A continuación, solicitaron al Gobierno de la República de Nicaragua valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General y, en consecuencia, “reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el acusado pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”.

Durante la víspera se conoció que el país centroamericano otorgó el estatus de asilo político al exfuncionario, al que el gobierno neogranadino pidió en extradición.

González, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el actual gobierno, tiene una orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Bogotá por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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