Tras una indicación emitida a inicios de esta semana por el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, en relación con el caso Golpe de Estado I, otros tribunales determinaron detención domiciliaria y libertad por otros tres expedientes penales.
Luego de 974 días de aprehensión preventiva, Camacho abandonó el recinto penitenciario portando la banda de gobernador y enarbolando una bandera de Santa Cruz, acompañado por su abogado Martín Camacho y el vicepresidente de su agrupación política Creemos, Efraín Suárez.
De allí fue llevado al Aeropuerto Internacional de El Alto para abordar un vuelo chárter con rumbo a Santa Cruz, donde los cívicos y afines a su partido alistan un recibimiento.
Dentro del expediente Golpe de Estado I, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, cambió la detención preventiva por arresto domiciliario con derecho a ejercer sus funciones laborales.
Sin embargo, el proceso penal continúa, como recordó el procurador general del Estado, Ricardo Condori, quien enfatizó en que el fondo del caso aún debe resolverse en juicio oral.
En este expediente, se investiga el complot que forzó la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata, con saldo de 38 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
Camacho también logró la libertad en los casos Decretazo, Carro Bombero y Paro de 36 días.
Todas estas coincidentes decisiones judiciales se dieron tras el instructivo emitido el martes último por el presidente del TSJ de revisión de los plazos de detención preventiva de Camacho, el excívico Marco Pumari y la exgobernante de Facto (2019-2020) Jeanine Áñez.
Dentro de este contexto, el jefe de Bancada Nacional del Movimiento al Socialismo, José Luis Flores, anunció este jueves la presentación de una denuncia formal contra Saucedo ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
Flores acusa al magistrado de haber emitido una resolución sin la aprobación de la Sala Plena del TSJ, que instruyó revisar la situación jurídica de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Pumari, procesados en el caso Golpe de Estado I por los crímenes registrados tras el derrocamiento de Morales.
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