Mediante un comunicado, subrayaron que los tres, a quienes calificaron de hermanos, cumplieron un mandato delegado por sus comunidades y no son delincuentes, por lo tanto, no deben estar detenidos en una prisión.

En el mensaje exigieron al Organismo Judicial que los libere y a los jueces que no se presten a las actuaciones ilegales del Ministerio Público (MP).

La fiscal general Consuelo Porras está inventando casos en contra de las autoridades indígenas como represalia por las manifestaciones pacíficas de 2023 (en defensa de los resultados de las elecciones de ese año), acotaron.

Pretende callar a los pueblos originarios, pero no lo logrará, subrayaron, mientras remarcaron que ellos resistieron históricamente los abusos del Estado violento y corrupto, y no se dejarán doblegar ni intimidar por estas acciones ilegales.

Seguiremos defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y los derechos del pueblo de Guatemala, enfatizaron.

Llamaron a todas las comunidades ancestrales del país, a todos los sectores sociales, y a la comunidad internacional a unirse en contra de los abusos del MP y del Pacto de Corruptos.

No podemos permitir que se siga pisoteando la justicia y la democracia, resaltaron. Esta debe perseguir a los corruptos y criminales, no a las personas honestas, concluyeron el texto.

Una alianza de 40 organizaciones sociales rechazó hace seis días aquí la aprehensión del exvicealcalde Toc, la cual se sumó a la de Pacheco y Chaclán, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente.

Estos están en prisión preventiva en la capitalina cárcel de Mariscal Zavala desde el 23 de abril último, señalados por los mismos delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, entre otros.

Los tres convocaron a un paro nacional indefinido contra Porras y la intentona de anular los resultados de las elecciones en las cuales resultó ganador el ahora presidente Bernardo Arévalo.

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