En entrevista con el canal local Teleamazonas, Moya justificó que la crisis en los hospitales -donde pacientes y médicos denuncian la falta de medicamentos e insumos- no responde únicamente a la carencia de recursos, sino a “deficiencias estructurales”.

Según la funcionaria, este año se asignaron alrededor de 200 millones de dólares para la adquisición de medicamentos, pero hasta el inicio de las sesiones del recién creado Comité Nacional de Salud Pública, hace dos semanas, solo se habían firmado contratos por 110 millones. Esto significa que cerca de 90 millones de dólares estaban aún en proceso de contratación, y de ese monto, 60 millones fueron devueltos al organismo central para comenzar a realizar adquisiciones de forma centralizada.

De acuerdo con Moya, históricamente las compras se realizaban desde los hospitales, lo que generaba fragmentación e ineficiencia.

En cuanto a los pagos a proveedores, la ministra afirmó que en los últimos meses han triplicado las transferencias, que alcanzaron los 492 millones de dólares.

Sin embargo, pacientes renales insisten en la falta de pagos a las clínicas encargadas de ofrecer servicios de diálisis, a las que les deben 230 millones de dólares, según señaló Gabriela Álvaro, representantes de ese grupo de enfermos.

A eso se suman reportes de la Federación Médica Ecuatoriana y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que señalan que el país enfrenta un déficit de más de seis mil médicos, especialmente en áreas como cuidados intensivos, neonatología, cardiología y neurocirugía.

Por otro lado, Moya reconoció que existen retrasos en las asignaciones de recursos a los municipios ecuatorianos y alegó que hay deudas de años anteriores que buscan reducir.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas aseveró que la deuda del Gobierno asciende a los 643 millones de dólares y si no reciben esos fondos irán a la Corte Constitucional con una demanda contra el Ejecutivo.

En relación con la fusión de ministerios dispuesta por el presidente, Daniel Noboa, la titular de Economía reconoció que habrá más despidos de funcionarios públicos.

“Va a haber en este proceso, como siempre en una fusión, personal que salga de las entidades, así como va a haber áreas que se vean fortalecidas”, manifestó.

A finales de julio, el Gobierno anunció la reestructuración de instituciones para reducir de 20 a 14 el número de ministerios y de nueve a tres las secretarías.

Esa modificación ha causado críticas por parte de organizaciones sociales, sindicales, activistas ambientales y ciudadanos que consideran la medida de recorte estatal como una respuesta a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En respuesta, Moya reiteró el argumento oficial de que las desvinculaciones no forman parte de una exigencia del organismo financiero, sino de una estrategia para tener más eficiencia en el Estado.

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