La iniciativa, presentada por el diputado Jamis Acosta, del partido Realizando Metas (RM), propone modificaciones al artículo 2030 del Código Judicial y al 191 del Código Procesal Penal, con el objetivo de equiparar las vías de impugnación entre el antiguo sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio.

La propuesta permitiría que condenados bajo el sistema inquisitivo puedan invocar violaciones a derechos fundamentales, constitucionales y tratados internacionales como base para presentar recursos de casación o revisión de sentencias firmes.

Entre los potenciales beneficiarios estaría el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por blanqueo de capitales a más de 10 años de cárcel y ahora asilado en Colombia, cuyos procesos se tramitaron bajo el modelo anterior.

La propuesta ha sido vista por diversos sectores como un intento de abrir una nueva ruta judicial para el exmandatario y otras figuras políticas con condenas firmes, aunque sus impulsores argumentan que se trata de una medida de igualdad ante la ley.

Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez se corre el peligro de legislar para casos particulares, además cuestionó la falta de análisis técnico y el enfoque político de la propuesta.

Citada por el diario La Prensa, Gómez recordó que una iniciativa similar fue promovida antes por el diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, incluso incluía propuestas de amnistía para expresidentes, pero fue rechazado por la propia comisión de Gobierno en abril pasado.

A pesar de los antecedentes, la nueva propuesta fue prohijada con apoyo de diputados de distintos partidos, incluidos los de la bancada independiente Vamos, que previamente han sido críticos de Martinelli.

Por su parte, el jurista Rodrigo Noriega sostuvo que el proyecto tiene nombre y apellido, y explicó que su aprobación podría extender el alcance del recurso de revisión y abrir la puerta al uso del principio de especialidad, lo que permitiría que personas como Martinelli intenten revertir sus condenas con nuevos argumentos legales.

El gobierno aún no ha emitido postura oficial, mientras otras propuestas de alto impacto como la Ley General Anticorrupción o reformas al Código Penal para combatir delitos contra la administración pública, presentadas por el procurador Luis Gómez, siguen sin ser priorizadas.

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