La funcionaria acudirá este martes a la Corte Constitucional a presentar una acción para que se derogue la normativa, aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), con mayoría oficialista, a pesar de los cuestionamientos de sectores sociales, políticos y autoridades.

La disposición, impulsada por el Ejecutivo de Daniel Noboa, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen el 70 por ciento de su presupuesto a inversión pública y el 30 por ciento a gasto corriente, que incluye salarios y funcionamiento administrativo.

Desde el oficialismo se ha señalado que esta medida responde a criterios de eficiencia y justicia social, con el objetivo de priorizar obras y servicios como agua potable y alcantarillado, sin embargo, organizaciones sociales y sectores de oposición han advertido que la normativa podría afectar proyectos sociales.

Hasta el momento han presentado demandas de inconstitucionalidad contra la Ley la Unión Nacional de Educadores, el movimiento Unidad Popular, el concejal de Quito Andrés Campaña, la legisladora de la Revolución Ciudadana Patricia Núñez, el Partido Socialista Ecuatoriano y el abogado Adolfo Espinel.

A ellos se sumará la prefecta Pabón, quien ha denunciado que esa medida impedirá que la obra pública llegue a los sectores más vulnerables.

Todos esos pedidos de impugnación están en manos de los jueces constitucionales que ya en septiembre de 2025 dejaron sin efecto dos leyes de interés de Noboa, la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional.

Aquella decisión de la Corte tuvo lugar en un contexto de presión política desde el oficialismo contra los magistrados y, aunque existen más de 20 demandas de inconstitucionalidad contra otras normativas propuestas por el Ejecutivo, permanecen pendientes de resolución.

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