Este tipo de evaluación consiste en una prueba de conocimientos profesionales, prácticos y éticos en derecho. En Panamá, su aprobación es obligatoria desde 2022 con una norma que regula la profesión de abogado.

Mulino, abogado de profesión, devolvió el proyecto de ley 168 a la Asamblea Nacional (parlamento)sin sancionarlo, al considerar que su contenido “representa un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la elevación de los niveles profesionales que la carrera exige y que la ciudadanía legítimamente demanda”.

“Esta propuesta, lejos de fortalecer la calidad y la ética del ejercicio legal, contribuye al menoscabo de los principios éticos fundamentales que deben regir la profesión”, señala Mulino en nota al presidente del Legislativo Jorge Herrera, citada por el diario La Prensa.

El proyecto impulsado por el diputado Ernesto Cedeño mantiene el requisito del examen de barra (aunque transfiere su aplicación a la Universidad de Panamá), pero agrega dos opciones: la publicación de una tesis y la prestación voluntaria de una práctica profesional en un despacho judicial.

Al respecto, el jefe de Estado consideró que esto disminuye la rigurosidad existente desde 2022 para obtener el certificado de idoneidad.

“La flexibilización de los requisitos para el ejercicio de la abogacía en nuestro país puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional”, remarcó el mandatario.

El pasado 31 de julio, en su conferencia de prensa semanal, Mulino adelantó sobre esta propuesta que la profesión se había relajado mucho. “El abogado debe ejercer una labor ética y profesional”, indicó.

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