El líder del PT en la Cámara baja, Lindbergh Farias, entregó la orden y denunció que, una de las anomalías, fue la presentación del texto en el pleno pocas horas antes de la votación del martes, sin publicidad previa, además de la lectura del dictamen sin respetar el intervalo mínimo de dos sesiones.

Otros puntos planteados por Lindbergh son el cambio irregular del horario de sesiones, de presencial a semipresencial, sin la debida antelación legal, y la eliminación del plazo de 10 sesiones para la presentación de enmiendas.

La orden judicial también menciona la reanudación, el miércoles, de un texto que ya había sido rechazado el día anterior: una votación secreta sobre si se autoriza o no el inicio de investigaciones contra parlamentarios.

En la práctica, la PEC otorga al Congreso Nacional la facultad de impedir que la Corte Suprema inicie procesos penales contra diputados y senadores.

Siempre que el juzgado superior inicie una investigación contra un parlamentario, necesitará la autorización del pleno de la Asamblea Legislativa.

Lo anterior incluye, por ejemplo, las investigaciones por corrupción. También se entiende que la propuesta beneficiará a los representantes estaduales en las Asambleas Legislativas y a los presidentes de los partidos políticos.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto de ley pasará al Senado, en el cual se prevé un avance más lento.

El presidente de la Cámara baja, Davi Alcolumbre, ya indicó que la PEC deberá pasar primero por la Comisión de Constitución y Justicia, con un calendario de audiencias que se elaborará antes de una posible votación. Por lo tanto, el proceso podría prolongarse hasta 2026.

La enmienda sirve además como escudo político y judicial que podría servir de refugio a los legisladores involucrados en el intento de golpe de Estado, lo cual genera fuertes críticas de que es una «autoamnistía encubierta». Tal arreglo fue aprobado justo en medio de los juicios y condenas contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros responsables de los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 (invasión y saqueo contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia).

En la práctica, diputados y senadores acusados de participar, financiar o instigar esos episodios golpistas, podrían usar la nueva protección para evitar sanciones inmediatas del Poder Judicial.

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