En un comunicado oficial, la Comisión Suprema para las Elecciones confirmó que la decisión se adoptó conforme a lo estipulado por el anuncio constitucional y los decretos legislativos 66 y 143, promulgados este año.
El organismo electoral también informó que el plazo para presentar impugnaciones contra los miembros de los cuerpos electorales fue extendido hasta el final de la jornada de este domingo 21 de septiembre.
Como parte del nuevo diseño institucional, el Comité Supremo para las Elecciones de la Asamblea Popular, conformado por 11 miembros y designado por el Gobierno de Transición, tiene a su cargo la supervisión integral del proceso.
Este comité nombró subcomités en los 62 distritos electorales del país, que a su vez seleccionan entre 30 y 50 representantes por escaño, conformando un colegio electoral encargado de elegir a los nuevos parlamentarios.
Las normas establecen que la selección de estos representantes debe reflejar criterios de diversidad e inclusión, incluyendo personas desplazadas, discapacitadas o exdetenidas, además de garantizar que al menos el 20 por ciento de los miembros sean mujeres.
También se excluye expresamente a antiguos integrantes del régimen depuesto, personal de seguridad activo y personas con antecedentes penales.
La próxima Asamblea Popular estará compuesta por 210 escaños, una reducción respecto a los 250 anteriores, y la representación territorial se ajustará al censo poblacional de 2011.
Según lo establecido en las disposiciones transitorias, el presidente del Gobierno de Transición, Ahmad Al-Shara, podrá designar directamente a 70 parlamentarios, con el objetivo de fortalecer la estabilidad institucional durante el proceso de reconstrucción.
Durante una reunión con los integrantes del Comité Supremo Electoral, Al-Shara enfatizó la importancia de excluir del proceso a cualquier persona vinculada a actividades criminales o que promueva divisiones sectarias, con el fin de preservar la unidad nacional y la cohesión territorial.
Según fuentes oficiales, las reformas al sistema electoral fueron elaboradas tras amplias consultas con sectores sociales, organizaciones comunitarias y actores locales, en un esfuerzo por dotar al proceso de legitimidad y representatividad.
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