Ejecutada en un sector montañoso del municipio de Choloma (Cortés), la operación permitió ubicar el refugio improvisado, en el que los miembros de la también conocida como pandilla Barrio 18 se guarecían para evadir a la justicia, tras cometer delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas.

Según informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), unidad especializada del instituto armado, en el campamento también planificaban ataques contra transportistas y comerciantes en la comunidades y colonias de la región.

La Dipampco reiteró el compromiso de mantener operaciones permanentes en el Valle de Sula para desarticular las estructuras criminales, y llamó a la población a denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad ciudadana.

El gobierno hondureño defiende que la ampliación del estado de excepción parcial, puesto en marcha en 2022 para reducir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios del país, es una herramienta legal esencial para enfrentar la criminalidad causada por las maras y pandillas.

Esos grupos delictivos, en particular Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), dominan algunos barrios con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.

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