Entre esos vacíos sobresale los de la comisión de credenciales que desestimó el proyecto de Ley General Anticorrupción y modificaciones al Código Penal presentado por el Procurador de la Nación, Luis Gómez, con los votos mayoritarios de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático y el oficialista Realizando Metas.

Las iniciativas buscaban fortalecer las investigaciones sobre delitos contra ese flagelo y establecer disposiciones especiales para hacer más operativas y efectivas las investigaciones, logras el enjuiciamiento de los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, así como cualquier conducta delictiva que cause lesión patrimonial al Estado.

Al respecto, Gómez indicó que es lamentable y aseveró que el tema de combatir la corrupción es de todos: de quien denuncia, de quien investiga, de quien juzga, pero sobre todo de quienes nos dan aquellas reglas que van a constituir el proceso.

También quedaron en el primer debate propuestas de modificación al Reglamento Interno, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas dentro del órgano legislativo.

Entre los principales cambios planteados destacaban medidas para evitar el nepotismo, establecer sanciones por retrasos en el inicio de las sesiones plenarias, y reducir los tiempos de deliberaciones durante procesos de elección de la junta directiva.

A pesar de las inclusiones realizadas, el debate ya no contará con la revisión de artículos sobre las atribuciones del presidente de la Asamblea, actualmente el panameñista Jorge Herrera, de los más criticado por su postura .

En la discusión tampoco se incluirá que las actas de las sesiones deben publicarse en el sitio web oficial de la Asamblea en un plazo máximo de 48 horas.

Dentro de las propuestas rechazadas se encuentra aquella que establece la creación de una Ley de Sueldos para los servidores públicos del legislativo.

Para varios analistas, las recién concluidas sesiones del pleno dieron la sensación de que las promesas de cambio dentro de la institución se disuelven lentamente entre el burocratismo y la resistencia de ciertos sectores a renunciar a sus privilegios.

En estos últimos siete días también el presidente la República, José Raúl Mulino, sancionó el Presupuesto General del Estado para 2026, un monto total de 34 mil 901 millones de dólares.

Según la iniciativa aprobada antes en el parlamento, ese monto contempla un programa de inversiones por 11 mil 188 millones de dólares, con el objetivo de dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida en el país istmeño.

También mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto en 2025 al 3.5 por ciento en 2026.

Durante los debates en el Legislativo, varios diputados expresaron inquietudes por la alta proporción del gasto destinada al pago de la deuda pública y por la limitación de fondos para proyectos sociales.

Ante estos señalamientos, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el presupuesto fue diseñado para mantener la disciplina fiscal y garantizar la sostenibilidad económica.

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