El texto busca recortar o ahorrar 17 mil 500 millones de euros, como parte de la cruzada del Gobierno para reducir a partir del año próximo el déficit y la deuda públicos, indicadores entre los peores de la Unión Europea.

Sin embargo, el primer ministro Sébastien Lecornu enfrenta denuncias de austeridad y reclamos desde la izquierda a obligar a los más ricos a un mayor aporte bajo la bandera de la justicia fiscal, mientras que la extrema derecha demanda reducir gastos que beneficien a los migrantes en condición irregular.

Consciente de su fragilidad y de la amenaza latente de censura, hace muy poco escapó de ella por apenas 18 votos, Lecornu se muestra dispuesto a realizar concesiones, aunque de momento no está claro si podrá calmar a una oposición tan diversa en su composición y sus exigencias.

Una de las cuestiones polémicas es la suspensión hasta enero del 2028 de la reforma de la jubilación y su impopular extensión de la edad de retiro de 62 a 64 años en suelo galo, gestó que garantizó al primer ministro que los socialistas evitaran su caída el mes pasado, al no acompañar las dos mociones de censura presentadas en su contra.

Mientras que la izquierda y la extrema derecha apoyan esta concesión, el oficialismo, los centristas y los conservadores rechazan la suspensión de la norma, adoptada en 2023 sin el voto parlamentario y en medio de grandes protestas sindicales.

También complicada se presenta para el Gobierno en su proyecto de gastos de la Seguridad Social la congelación el año próximo de la jubilación base y de prestaciones como alojamientos familiares y ayudas personalizadas, medida con la que Lecornu pretende compensar la no aplicación de la reforma del retiro.

En el campo de la salud, el primer ministro también la tiene difícil en su objetivo de recortar fondos que obligarían a los pacientes a pagar más por consultas médicas y tratamientos y reducirían de un cuatro a solo un 1,6 por ciento el aumento anual de recursos para el seguro de enfermedad, gasto cuyo crecimiento se justifica por el envejecimiento poblacional.

A partir de los plazos constitucionales, Lecornu aspira a dotar a Francia del presupuesto 2026, traducido en sus leyes de Finanzas del Estado y de la Seguridad Social, antes de que termine el año, pero la mayoría duda que pueda conseguirlo en un contexto de aguda crisis y polarización políticas.

Entre los obstáculos que encuentra a su paso están los interminables debates y la gran cantidad de enmiendas a analizar.

La víspera, el Gobierno convocó a una reunión de fuerzas parlamentarias para tratar de encontrar un compromiso que despeje el camino, a la que la izquierda descartó acudir tras rechazar la presencia en la misma de la extrema derecha, con la que se niega a discutir.

lam/wmr