En el llamado Consejo del Salario las federaciones gremiales pidieron subas por encima de la pobreza, que acompañen la inflación y recuperen parte del poder adquisitivo perdido, mientras las cámaras empresariales ofrecieron un aumento mínimo por debajo del índice inflacionario y de indigencia.

Actualmente, el salario mínimo es de 322 mil pesos (226 dólares). Este valor se encuentra por debajo de la canasta total, que mide el umbral de indigencia el cual se ubicó en octubre en 392 mil 815.

La Confederación General del Trabajo y la CTA-T pidieron 512 mil para noviembre y la CTA Autónoma, 736 mil. Los empresarios ofrecieron 326 mil. La diferencia aleja la posibilidad de llegar a un punto intermedio.

No hubo acuerdo y ahora la Casa Rosada va a dictar por decreto el monto del salario mínimo como hizo el año pasado.

“El gobierno no propuso nada y, como hace siempre, manda a los empresarios a que propongan una ridiculez, un insulto, un agravio”, denunció, indignado, Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A.

El ofrecimiento fue de cuatro mil pesos (2,80 dólares) para noviembre y 27 mil pesos de aumento en seis meses. “Como les dije a los empresarios que estaban ahí: el valor de 350 mil pesos ellos lo gastan en una cena una noche y quieren que sea el valor de referencia”, sostuvo el dirigente gremial.

Frente a un vallado Congreso de la Nación, los jubilados volvieron a realizar su Marcha de la Dignidad ante un exagerado operativo de seguridad de cientos de policías y gendarmes muy bien equipados para exigir un aumento de sus haberes.

Mientras los trabajadores se movilizaron a partir del mediodía, los jubilados lo hicieron a partir de las 16:00 hora local y a las 13:00 el personal médico del Hospital Dr. Garrahan realizaron un “abrazo simbólico” en la calle Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la reincorporación de los 44 compañeros sumariados por el gobierno nacional.

También, movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se sumaron a la movilización de las CTA con reclamos adicionales: un bono de fin de año, actualización de programas sociales y reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

Igualmente, rechazaron el artículo 73 de la propuesta de Presupuesto 2026, que busca modificar la Ley 27.160 de movilidad automática de la Asignación Universal por Hijos, y las asistencias familiares.

La Casa Rosada prevé un “fin de año conflictivo” y reconoce que las protestas del pasado 19 de noviembre marcaron un punto de inflexión.

Organizaciones de jubilados, piqueteros, cooperativistas, referentes sindicales y trabajadores de sectores populares estarán actuando de manera coordinada; así diciembre se encamina a convertirse en un mes decisivo en la disputa por el poder adquisitivo y el rumbo económico del país.

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