Según el texto, los pueblos nativos solo podrán reclamar la posesión de las áreas que ocuparon permanentemente el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Carta Magna.

Realmente, si las comunidades no pueden demostrar que se encontraban en las posesiones en esa fecha, pueden ser expulsadas.

Por 54 votos a favor y 14 en contra en primera votación, y por 52 y 15 en la segunda, fue aprobado el contenido.

En 2023, el STF declaró inconstitucional la aplicación de la data para demarcar territorios. Ese mismo año, el Congreso aprobó un proyecto de ley que valida precisamente el argumento rechazado por la corte.

Ahora, el objetivo de los senadores es incorporar la tesis, que ya es ley, también a la Constitución, para intentar evitar futuras impugnaciones legales.

Sin embargo, cuatro acciones ya están pendientes de sentencia en el tribunal, todas ellas denunciadas por el ministro Gilmar Mendes.

Desde mañana, el STF comenzará a escuchar las declaraciones de las partes afectadas.

Por otro lado, el pleno del juzgado aún debe decidir si ratifica otra propuesta que suaviza la ley aprobada por el parlamento.

Tal texto se elaboró con la participación de representantes indígenas y del sector agroindustrial, como el Frente Parlamentario Agrícola.

Este martes, se impidió a los asistir a la sesión desde la galería del pleno del Senado, reservada para visitantes. El grupo terminó viendo la sesión en sus celulares, sin acceso al plenario.

Según Dinamam Tuxá, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el grupo no contó con la aprobación de la Presidencia del Senado para ingresar al plenario.

La APIB emitió el lunes un comunicado afirmando que el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, programó la enmienda propuesta a la Constitución «en un intento de lucha de poder con el Supremo Tribunal Federal».

Alcolumbre se mostró irritado la semana pasada por la decisión de Mendes de suspender el artículo que permite a cualquier ciudadano presentar una queja contra ministros del STF ante el Senado, lo cual podría resultar en la destitución de los magistrados.

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