El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, precisó que las acciones fueron llevadas a cabo por Prevención y Reinserción Social, de la cartera mencionada, con el apoyo de Defensa, la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal.
García explicó que estos individuos presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de las cárceles estatales.
“Su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento estatal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva”, apuntó en conferencia de prensa.
A través de un mensaje en X, el funcionario consideró posteriormente que estas acciones tendrán un efecto inmediato en el restablecimiento del control interno en los centros penitenciarios de origen y en el fortalecimiento de la seguridad del personal operativo y de la población penitenciaria restante.
Reiteró que la estrategia iniciada en julio contra la extorsión, el único delito de alto impacto que las autoridades aún no consiguen disminuir, resulta una prioridad en el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La semana pasada, el titular refirió que 12 centros penitenciarios concentraban el 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas por extorsiones al 089, un número activado para atender denuncias de este ilícito, con atención especializada y confidencial.
Además, señaló que con el objetivo de evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, las autoridades habían implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión.
El jueves último, el Ejecutivo y las entidades federativas aprobaron un acuerdo nacional para combatir la extorsión, mediante acciones como la armonización legislativa en los estados, el fortalecimiento del 089 y la creación de áreas especializadas en fiscalías locales.
Por otra parte, la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno muestra resultados palpables: 38 mil 700 detenidos por delitos de alto impacto y 311 toneladas de droga y 20 mil armas incautadas desde octubre de 2024.
Estas operaciones permitieron una disminución del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en este país durante los primeros 14 meses de la actual administración, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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