El proceso inició tras un operativo ejecutado por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas el 27 y 28 de marzo de 2025 en el puerto privado DP World Posorja, en la provincia costera de Guayas.
De acuerdo con un parte policial citado en la prensa local, se detectó la contaminación de un contenedor con más de 2,6 toneladas de cocaína, ocultas en sacos de café destinados a exportación, además de dos dispositivos de rastreo satelital GPS.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos por tráfico ilícito de drogas a gran escala contra seis personas, tras determinar que la manipulación y clonación del contenedor se habría producido en los patios de la empresa Blasti S.A.
Esa compañía mantiene vínculos societarios con entidades relacionadas con familiares del jefe de Estado, según registros de la Superintendencia de Compañías.
La empresa es gerenciada por el ciudadano chileno Álvaro Ignacio Guivernau Becker, quien también ocupa cargos directivos en empresas del conglomerado Noboa, incluidas Noboa Trading y la exportadora Noboa S.A., de acuerdo con información societaria oficial.
El asambleísta Juan Andrés González, líder de la bancada de la Revolución Ciudadana, denunció que el proceso judicial presenta “dilaciones atípicas e injustificadas” pese a haberse iniciado como un caso de flagrancia, modalidad diseñada para procedimientos expeditos.
El 22 de abril de 2025, un juez sustituyó la prisión preventiva de tres procesados por medidas alternativas, decisión considerada inusual en causas de narcotráfico a gran escala.
El caso Blasti se suma a investigaciones previas que involucraron contenedores de Noboa Trading con cargamentos de cocaína, como han reportado la revista colombiana Raya y organizaciones anticorrupción internacionales.
La Presidencia de la República ni ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las vinculaciones empresariales ni sobre las observaciones al desarrollo del proceso judicial.
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