“Repudiamos la orden ejecutiva que declara a Cuba una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para la seguridad nacional estadounidense e impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo” a la nación caribeña, afirmó la organización.
A través de un comunicado, denunció que esta medida busca asfixiar económica y energéticamente al pueblo de la mayor de las Antillas.
Explicó que, tras la ilegal intervención militar de Washington en Venezuela, se interrumpieron los envíos de crudo a Cuba, lo cual profundizó la escasez de energéticos y provocó aumento de apagones, limitaciones en servicios básicos y filas kilométricas para conseguir combustible.
A su juicio, esto constituye “un acto inhumano de un Estado criminal que busca dejar sin electricidad a la isla y, con ello, privar de energía las escuelas, los hospitales, las fábricas, los hogares, en su afán de doblegar a un pueblo heroico que ha resistido al ilegal bloqueo imperialista”.
Los trabajadores electricistas reafirmaron su rechazo a la política injerencista del mandatario norteamericano, Donald Trump, y manifestaron su apoyo a la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de mantener el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.
Asimismo, llamaron al conjunto del movimiento social democrático, nacional e internacional, a “pronunciarse públicamente contra estas medidas terroristas que afectan a millones de cubanos, y a fortalecer la solidaridad con Cuba, su pueblo y revolución”.
De esta manera, el SME se sumó a otras organizaciones, así como a activistas, parlamentarios y representantes del gobierno y partidos políticos en este país latinoamericano que se pronunciaron en respaldo a la mayor de las Antillas.
El presidente norteamericano, Donald Trump, rubricó el jueves la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a bienes de naciones que vendan o suministren petróleo a Cuba.
La medida, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
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