Según el periódico, el mandatario comunicó esa decisión a dirigentes políticos durante encuentros sostenidos en el estado de Bahía, y esa postura fue confirmada posteriormente por asesores del Gobierno en Brasilia.

Lula evalúa que las iniciativas generan un fuerte rechazo ciudadano y envían una señal negativa en un contexto de ajuste fiscal, al promover beneficios que podrían ser interpretados como privilegios.

En esa línea, tampoco avalaría aumentos para funcionarios del Senado ni del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), precisó el medio.

De acuerdo con Folha de Sao Paulo, ministros del Ejecutivo consideran que una opción sería devolver los proyectos al Congreso, amparándose en una reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendió los llamados “penduricalhos”, pagos adicionales que permiten superar el tope salarial del sector público, fijado en 46 mil 366 reales mensuales (unos ocho mil 900 dólares).

No obstante, advierten que esa vía podría abrir la puerta a una sanción tácita, por lo que el veto total y explícito aparece como la alternativa más segura para frenar los incrementos, añadió el periódico.

La propuestas que Lula debe rechazar prevé nuevas gratificaciones y licencias compensatorias para servidores del Legislativo, mecanismos que permitirían elevar los ingresos hasta cerca de 80 mil reales mensuales (15 mil 365 dólares).

Tal proyecto, que también incluye reajustes para empleados del TCU, aún no ha sido remitidos formalmente al Poder Ejecutivo para su análisis final.

mem/mar