“Esta modalidad de agresión en que un pueblo entero es sometido a la depravación por una potencia en busca de objetivos militares, políticos y económicos se denomina castigo colectivo”, refirió el medio de prensa en un editorial.

Según agregó, “se encuentra tipificada como un crimen de guerra en el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, comúnmente conocido como Cuarto Convenio de Ginebra”.

El artículo 33 de este tratado suscrito por 194 países establece que no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido y están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.

En enero último, el mandatario norteamericano, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

De acuerdo con el rotativo, con base en los señalamientos de expertos en derechos humanos, la ONU determinó que el decreto que impuso un bloqueo de combustible a la isla es una grave violación del derecho internacional y una amenaza a un orden democrático y equitativo.

“Al no contar con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, el decreto carece de fundamento en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional”, citó el prestigioso diario.

Las alegaciones de Washington sobre una supuesta amenaza a la seguridad nacional estadounidense o el presunto vínculo de La Habana con grupos terroristas trasnacionales, agregó, “carecen de credibilidad y parecen diseñadas exclusivamente para justificar el bloqueo”.

A juicio de La Jornada, lo dicho por los especialistas sobre el estrangulamiento energético puesto en marcha por el trumpismo es válido para el conjunto de normas y políticas que conforman el bloqueo contra la isla desde hace ya casi siete décadas.

Recordó que las sanciones ilegales aplicadas por Washington y sus aliados han matado a civiles inocentes, la Casa Blanca está al tanto de esos efectos y los asume como un precio a pagar para imponer sus intereses.

En este contexto de violaciones impunes al derecho internacional y humanitario, el periódico saludó la firme solidaridad del Estado mexicano con el pueblo cubano mediante el envío de 814 toneladas de víveres y la decisión de integrar nuevos cargamentos.

Consideró, además, digna de aplauso la coalición internacional de movimientos sociales y organizaciones formada para llevar alimentos, medicinas y suministros “urgentemente necesarios a comunidades que afrontan una escasez aguda” en Cuba.

Si bien es imposible que este tipo de ayudas subsane el daño infligido a la población isleña por el bloqueo estadounidense, opinó que es preciso alentarlas por el alivio que prestan y por su potencial para generar conciencia en la opinión pública internacional.

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