A través de una carta dirigida al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y divulgada por la Embajada de la Isla en Angola, los Caimaneros expresaron su apoyo y solidaridad con su pueblo.
Rechazaron el bloqueo económico, al cual catalogaron de criminal, y significaron que esta política perdura por más de seis décadas y constituye una flagrante violación del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo cubano.
“Condenamos las más recientes sanciones genocidas, incluyendo el bloqueo petrolero impuesto por la Administración de Donald Trump”, apuntó el mensaje, y recordó que el cerco de Washington ha sido ampliamente rechazado por la comunidad internacional en sucesivas votaciones en la Asamblea General de la ONU.
Añadió que estas acciones causan severas restricciones al desarrollo económico de la nación caribeña, limitan el acceso a bienes esenciales, la salud, la educación y el bienestar del pueblo, y es “una política inhumana que tiene como único objetivo sofocar la soberanía de una nación que optó por un proyecto político propio y solidario”.
“Reafirmamos nuestra total solidaridad con el pueblo cubano, que delante de tantas adversidades sigue resistiendo con dignidad, defendiendo su independencia, su derecho a la autodeterminación y ha mantenido viva la práctica de la solidaridad con los pueblos del mundo. Cuba no está sola”, sostuvo la nota.
El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva donde declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y establece un sistema de aranceles a los productos de aquellos países que suministren, directa o indirectamente, petróleo a la nación caribeña.
Esta medida coercitiva, unida a más de 200 tomadas durante su anterior mandato y el impacto de más de seis décadas de bloqueo económico, entre otros factores, han provocado una agudización de la crisis en el país, con impacto severo en la vida de la población.
Diversas manifestaciones de solidaridad se han generado en el mundo ante la nueva agresión a la mayor de las Antillas e incluso varios titulares de mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron una declaración conjunta condenando la orden ejecutiva como una “grave violación del Derecho internacional”.
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