La decisión, divulgada durante un Consejo de Ministros celebrado en la norteña ciudad de Cartagena, responde a la necesidad de invertir recursos en los territorios impactados por los recientes eventos climáticos, fundamentalmente en infraestructura y en el sector agrícola, según trascendió.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló que la primera mitad del tributo se pagará el próximo primero de abril y el monto restante el 4 de mayo siguiente.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia”, expuso el funcionario.

De acuerdo con los datos divulgados durante la reunión, el país registra hasta la fecha 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos.

Como consecuencia, más de 69 mil familias resultaron damnificadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

Por otra parte, se reportan aproximadamente 20 mil hectáreas de tierra afectadas y más de cuatro mil100 viviendas destruidas.

Estimó el Ejecutivo que la recuperación tras esas emergencias costaría unos ocho billones de pesos (poco más de dos mil millones de dólares al cambio actual).

Igualmente, afirmó el ministro de Hacienda que se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, cuyo fin es garantizar recursos y atender la magnitud de la emergencia.

El Gobierno declaró el pasado 11 de febrero el estado de Emergencia Económica en ocho departamentos debido a condiciones climatológicas excepcionales registradas entre el 1 y el 6 de febrero, cuyas características fueron calificadas por las autoridades técnicas como atípicas y de baja previsibilidad.

A la luz de esa declaratoria, el Gobierno queda facultado para tomar medidas mediante decretos legislativos, así como la realización de operaciones presupuestales necesarias para la atención de la crisis.

A finales de enero último, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica el pasado 22 de diciembre y con la cual se pretendía recaudar alrededor de cuatro mil 300 millones de dólares.

Tras la decisión del referido tribunal, el Gobierno estimó que el fallo solo favorecía a los sectores de mayores ingresos, al bloquear mecanismos orientados a una distribución más equitativa del esfuerzo fiscal, en tanto trasladaba el costo de la crisis a los ciudadanos que dependen de la acción estatal para el acceso efectivo a sus derechos básicos.

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