Entre otras preocupaciones, el mandatario expuso que el software que se emplea actualmente para las votaciones lo maneja una empresa llamada ASD, filial de la multinacional de origen británica Thomas, Greg and Son, la misma que por años ha ganado la licitación para hacer los pasaportes y hacer el escrutinio electoral.

“Si los datos de los colombianos y las colombianas son manejados por quien maneja los escrutinios electorales, si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, planteó.

Recordó asimismo que aún se ignora una sentencia de la Sala plena del Consejo de Estado que ordenó a la Organización Electoral “adquirir el software requerido de escrutinios, es decir, que el software debe ser adquirido por el Estado para ser manejado por el Estado”.

El gobernante remarcó que en 2018 “se cometió un fraude electoral, específicamente en Senado de la República” y cuestionó la falta de una investigación sobre el tema.

A su juicio, también por irregularidades del sistema, perdió el Pacto Histórico cerca de 400 mil votos en 2022 que, según enfatizó, le fueron sumados al Partido de La U.

Insistió entonces en este punto sobre “la importancia de que los partidos políticos tengan 123 mil testigos electorales cada uno”.

Petro aseguró que toda la información por él recabada será entregará a la autoridad competente internacional, en tanto subrayó que se necesita mayor transparencia en el manejo de la información electoral en los comicios del año en curso.

El presidente de Colombia manifiesta desde hace semanas inquietudes acerca de la preparación del actual periodo electoral, que comprende las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas, a celebrarse el venidero ocho de marzo, así como la primera vuelta de las presidenciales (31 de mayo) y una eventual segunda vuelta, el 21 de junio.

Sus más recientes preocupaciones fueron divulgadas durante la presentación oficial del nuevo modelo de pasaporte colombiano.

Precisó que los nuevos documentos reflejan “el compromiso con la soberanía digital del país mediante la administración y protección directa de los datos de los ciudadanos, garantizando que esta información estratégica permanezca bajo control del Estado y sin intermediarios”.

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