El Gabinete consideró esta acción bélica “una violación del principio de que la decisión sobre la guerra y la paz recae exclusivamente en el Estado libanés”.

El jefe de Gobierno subrayó además que el Ejecutivo se opone a arrastrar al país a la actual guerra regional y estimó que dicha acción contradice las decisiones oficiales y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, además de socavar la credibilidad del Estado.

La resolución aprobada incluye la prohibición inmediata de todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá, consideradas ilegales por el Ejecutivo, y exige al movimiento entregar sus armas al Estado y limitar su actuación al ámbito político, dentro del marco constitucional y legal, con el objetivo de consolidar el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza y fortalecer la soberanía en todo el territorio.

Asimismo, se instruyó a los organismos militares y de seguridad a adoptar medidas inmediatas para aplicar estas decisiones, impedir cualquier operación armada, lanzamiento de misiles o drones desde suelo libanés y proceder contra los infractores conforme a la legislación vigente.

El Consejo de Ministros encargó además al Comando del Ejército ejecutar de manera inmediata y firme el plan presentado en la sesión del 16 de febrero de 2026, en particular lo relativo al confinamiento de armas al norte del río Litani, empleando todos los medios necesarios para su cumplimiento.

Por otra parte, el Gobierno instó a los Estados garantes de la Declaración de Cese de Hostilidades a obtener un compromiso claro de Israel para cesar todos los ataques contra territorio libanés, al tiempo que reafirmó el compromiso del Líbano con dicha declaración para preservar la paz y la estabilidad.

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