Se trata de la cuarta funcionaria en ocupar esta posición en menos de una semana, aunque las irregularidades siguen sin resolverse, estiman medios de prensa.

Su nombramiento por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene lugar tras una crisis administrativa de esa entidad encargada de la protección de menores en el país tras la salida de su original directora, Ana Fábrega.

Según el texto de la Presidencia, “La designada tiene amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas. Además, fue vicecónsul en Miami y asesora legal de la Caja de Seguro Social de Panamá”.

Cárdenas, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministra en el Ministerio de la Mujer, asume el cargo luego de cambios internos y cuestionamientos públicos sobre la gestión de Senniaf.

La nueva titular antes trabajó en el Ministerio Público como funcionaria de instrucción sumarial en casos de delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, particularmente en investigaciones de violencia doméstica y maltrato infantil.

El nombramiento se produce luego de una semana marcada por movimientos dentro de la Senniaf, que ha estado bajo fuerte escrutinio público debido a denuncias de presuntos abusos y negligencias en albergues bajo su supervisión.

La crisis se intensificó tras la salida de Fábrega, quien renunció el pasado 3 de marzo. Luego designaron a Otilia Rodríguez, quien permaneció en el puesto apenas un día antes de ser destituida y sustituida por Andrea Vega, exsecretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Rodríguez, quien previamente se desempeñaba como directora de Protección de los Centros de Atención Integral (CAI), enfrenta al menos tres denuncias penales ante la Fiscalía por supuestos delitos contra la integridad sexual, la administración pública y el orden jurídico familiar.

En febrero de 2021 abusos en albergues infantiles generaron uno de los mayores escándalos en el país istmeño con fuertes protestas y revelaciones de actos contra los derechos de los menores.

El asunto obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias, e instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.

Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo que fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo ‘emplazó’ al Gobierno a proceder con ‘carácter de urgencia’ en el sistema de protección a los más jóvenes.

Esos hogares son administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas, y reciben subsidios gubernamentales, porque la ley coloca a los infantes bajo protección del Estado, aunque la principal crítica es la ausencia de control sobre sus protegidos.

Entre la población residente en estos albergues sobresalen menores procedentes de hogares disfuncionales, ambientes sociales adversos para su desarrollo, discapacitados y niñas embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.

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