La iniciativa, según el Ejecutivo, busca responder a la persistente violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país, al establecer como objetivos centrales la reducción de la inequidad y la atención a recomendaciones internacionales que la nación postergó en años anteriores.

El decreto, de 146 páginas, plantea que las instituciones deberán garantizar prerrogativas fundamentales como el acceso a la tierra, la protección de la vida, un medio ambiente sano, la distribución equitativa de la riqueza y el respeto por los derechos civiles y políticos.

Para su entrada en vigor, el texto requiere la firma presidencial, luego de su revisión por parte de los ministerios competentes.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante 2026 fueron asesinados 33 líderes sociales en Colombia en 15 departamentos, fundamentalmente en aquellos ubicados en la región noroeste.

Refirió la entidad que febrero fue el mes durante el cual se registró el mayor número de estos casos con 14, a este le sigue enero con 10, marzo con ocho y abril con uno.

Del total de los asesinatos, el 12 por ciento se corresponde a víctimas femeninas, según Indepaz.

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