Denunció el texto que a Arias le han suspendidas sus páginas personales y las plataformas digitales del medio que dirige, “en un claro intento de silenciar su voz y censurar su labor informativa”.
Agrega que la suspensión de sus espacios digitales ocurre debido a que este profesional de la comunicación ha venido realizando denuncias sostenidas contra autoridades y exautoridades.
Subraya el escrito que Arias de esa forma cumple la función de fiscalizar el poder, visibilizar irregularidades y garantizar el acceso ciudadano a información relevante.
“Lo ocurrido constituye, sin lugar a dudas, un acto de censura encubierta, ejecutado mediante mecanismos digitales que buscan aparentar legalidad, pero que en el fondo responden a intereses políticos y a la intolerancia frente a la crítica”, precisa la directiva de la AMAB.
Al respecto, advierte que este hecho vulnera de manera directa y flagrante la libertad de expresión, el derecho fundamental a la información y el ejercicio pleno de la libertad de prensa, principios consagrados en la Constitución Política del Estado.
“No solo se está atentando contra un periodista o un medio de comunicación -acota el comunicado-, sino contra el derecho colectivo del pueblo boliviano de estar informado de manera clara, directa y sin interferencias”.
Al respecto, la directiva de la AMAB denuncia que este tipo de acciones “nos remiten peligrosamente a las épocas más oscuras de la historia del país, cuando durante las dictaduras se acallaban radios, se clausuraban periódicos y se perseguía a periodistas, muchos de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada”.
Señala la AMAB que en la actualidad esta censura adopta nuevas formas, pues los llamados “guerreros digitales” operan con estrategias coordinadas de denuncias masivas, muchas veces sustentadas en argumentos falsos o manipulados, con el objetivo de provocar la suspensión de cuentas, páginas y plataformas informativas.
Recuerda con preocupación que, “en meses recientes, se registraron decisiones que evidencian una tendencia a restringir el acceso a contenidos informativos diversos, como la exclusión de canales internacionales de la grilla de la empresa estatal de telecomunicaciones” como Telesur y RT, en función de criterios políticos.
La directiva de la AMAB exige “(…) en particular a la Dirección de Comunicación del Estado Boliviano, garantizar de manera efectiva el respeto irrestricto a los principios constitucionales de libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa (…)».
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