El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que la primera fase comenzó el 16 de octubre en centros penitenciarios de las provincias andinas de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo, con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El proceso contempla cuatro niveles de seguridad: mínima, media, máxima y máxima especial.

Según el organismo, la clasificación permitirá establecer controles diferenciados de acuerdo con el riesgo de cada interno, reducir la capacidad de organización de las bandas y mejorar las condiciones para la rehabilitación y reinserción social.

En Ecuador la población penitenciaria es de 38 mil 179 personas, según los resultados del censo difundido en junio de 2026.

La clasificación se pone en marcha en medio de una crisis carcelaria, marcada por la violencia entre reos de organizaciones criminales, las muertes bajo custodia estatal y problemas sanitarios.

Documentos de la Defensoría del Pueblo remitidos a la Asamblea Nacional en octubre señalan que en 2025 murieron mil 220 personas privadas de libertad, de ellas 566 fueron clasificadas como naturales.

Paralelamente, los casos de tuberculosis en las cárceles pasaron de 641 en 2023 a mil 498 en 2024 y dos mil 576 en 2025.

Además, desde 2021, unos 600 reclusos han sido asesinados dentro de los centros penitenciarios en disturbios y masacres.

En ese contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, planteó la posibilidad de establecer el trabajo obligatorio para los presos y anunció un proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 15 mil personas en un plazo de 15 a 16 meses.

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