Aunque la organización reconoció la importancia de alcanzar consensos, advirtió que el diálogo solo será válido si está orientado al beneficio de las mayorías y no a la simple “socialización” de medidas ya adoptadas por el Poder Ejecutivo.

El PCT sostuvo que los antecedentes de incumplimientos del Gobierno con gremios y sectores populares han restado credibilidad a estos espacios de concertación.

“Corresponde al Gobierno hacer creíble su propuesta. Esperamos que la intención no sea imponer planes ya decididos; de ser así, las conversaciones carecerían de sentido”, expresó el secretario general de la organización, Aquiles Castro.

Para dotar de legitimidad la convocatoria, la organización planteó varias medidas que, a su juicio, deberían implementarse de inmediato. En materia de soberanía sobre los recursos, propuso revisar el contrato con la empresa Barrick Gold, a fin de que los beneficios del Estado se entreguen en oro y no en dólares, aumentando así la participación estatal.

En el ámbito fiscal, sugirió revisar las exenciones impositivas a sectores de alta rentabilidad, como el turismo y las zonas francas, con el objetivo de ampliar el espacio fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables.

Asimismo, planteó la reducción del 60 por ciento del gasto en publicidad gubernamental, estimado en seis mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares) y la eliminación de las exoneraciones legislativas.

En cuanto al costo de vida, propuso una reducción temporal del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios ITBIS (equivalente al IVA) en productos de la canasta básica, y la aplicación inmediata de la indexación salarial del Impuesto sobre la Renta (ISR), pendiente desde 2017.

Finalmente, Castro enfatizó que, dada la magnitud de la crisis, cualquier acuerdo nacional debe involucrar a todas las instituciones del Estado y no solo al presidente.

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