El Consejo de Gobierno Kichwa de Pastaza (Pakkiru) y la Organización Waorani de Pastaza (Owap) señalaron que la concesión, denominada Anaeliza vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en la Constitución.

Según publicaron las organizaciones en redes sociales, una inspección realizada esta semana por guardias comunitarios permitió identificar un área de explotación minera de aproximadamente una hectárea.

En el sitio, los comuneros hallaron cinco piscinas contaminadas con metales pesados como mercurio, además de residuos de diésel provenientes de maquinaria pesada, incluidas retroexcavadoras y bombas de succión.

Las piscinas, con agua de color marrón y presencia de aceite, estaban ubicadas a unos 10 metros del río Añanguyaku, lo que, según la denuncia, contamina de forma directa de fuentes hídricas y provoca deforestación y afectaciones a especies locales, como el jaguar y el oso hormiguero.

Las organizaciones sostienen que la concesión fue otorgada sin respetar los procedimientos legales, ya que, pese a recomendaciones de la autoridad de control, se habría reemplazado el proceso de consulta por una declaración juramentada de no afectación.

“Nuestros derechos no son negociables. Nuestros territorios no son zonas de sacrificio”, señalaron en un comunicado conjunto.

Ante esta situación, las comunidades exigieron al Ministerio de Ambiente y Energía la suspensión de las actividades mineras y la revocatoria definitiva del título, así como la reparación ambiental de las zonas afectadas.

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