La decisión fue adoptada al filo de la medianoche por la jueza Daniella Camacho tras ua audiencia de más de ocho horas.

Entre los procesados figuran el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz, la exasambleísta de esa organización Esther Cuesta y varios exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

También está vinculado el exsuperintendente de Bancos Raúl González.

El caso investiga una supuesta coordinación para influir en decisiones del Cpccs relacionadas con la designación de la autoridad de control bancario.

Según la Fiscalía, los implicados habrían intentado ratificar a González como superintendente para el período 2022-2027, pese a la designación posterior de otra autoridad. La investigación comenzó en enero de 2025 tras una denuncia del actual superintendente de Bancos, Roberto Romero, lo que provocó un allanamiento en la sede del Cpccs, en Quito, donde se incautaron dispositivos electrónicos que contendrían información sobre una presunta operación política.

La Fiscalía sostiene que existieron coordinaciones externas y estrategias para incidir en el control de esa institución estatal.

En ese contexto, Arauz denunció que la jueza, aspirante a fiscal general del Estado, no es imparcial y anunció acciones legales, mientras la exconsejera del Cpccs Nicole Bonifaz, otra de las implicadas, sostuvo que el proceso carece de pruebas suficientes.

“Camacho reposteó un mensaje en el que dice que para ser fiscal general es requisito sentenciar a todo lo que relacione con el correísmo. Es una confesión de su ambición y el sacrificio de la imparcialidad”, señaló Arauz en su cuenta de X.

Para la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, “la justicia continúa siendo en el Ecuador un instrumento de persecución política” y afirmó que esta decisión constituye “una nueva arremetida que evidencia que la guerra judicial contra la RC no se detiene”.

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