La normativa, que reemplaza la regulación vigente desde 2020 del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), redefine la estructura del sistema de rehabilitación social, establece tres niveles de administración y concentra en esa entidad la ejecución operativa de las políticas penitenciarias.

El Gobierno sostiene que el reglamento busca responder a una crisis que en 2025 dejó 206 reclusos asesinados y un hacinamiento superior al 34 por ciento, además de reforzar el control, la seguridad y los procesos de rehabilitación dentro de las cárceles.

Entre los cambios más relevantes figura la instalación de inhibidores de señal para evitar la planificación de delitos desde prisión, el registro y posible grabación de llamadas y visitas, así como la creación de un régimen especial para internos considerados de alta peligrosidad.

El decreto también prohíbe el uso de dinero en efectivo en los economatos, fija límites de gasto para los reclusos y dispone que los procesados que utilicen grilletes electrónicos deberán pagar por su uso, salvo casos de vulnerabilidad comprobada.

Asimismo, se centraliza la concesión de beneficios penitenciarios mediante una comisión nacional, se crean centros específicos para contraventores de tránsito y deudores de pensiones alimenticias, y se establecen seguimiento para personas que accedan a regímenes abiertos.

Sin embargo, el reglamento no detalla cómo se financiarán estas medidas ni los plazos para su implementación.

El abogado y defensor de derechos humanos Fernando Bastias criticó la disposición y afirmó que “es absolutamente indignante como continúan jugando con nuestra inteligencia y con la vida de las personas”.

También cuestionó que el Ejecutivo presente nuevas normativas como solución a la crisis, pese a antecedentes como el Decreto 111 que permitió la presencia permanente de militares en cárceles.

Desde la declaratoria de conflicto armado interno, en enero de 2024, los uniformados pasaron a gestionar y controlar la seguridad de las penitenciarías ecuatorianas.

Si bien en agosto de 2025, se inició el retiro de militares de ocho cárceles con menores alertas de riesgos, los soldados aún tienen una presencia constante en las prisiones más grandes y que han sido escenario de motines y masacres, como la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

“Ahora tenemos más muertos y nuevas modalidades de corrupción. Ahora, nos venden un reglamento con información duplicada en otros cuerpos normativos, como la solución…”, sostuvo Bastias.

Desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados en cárceles ecuatorianas en medio de enfrentamientos entre bandas criminales, muchas de las cuales operan desde el interior de los centros penitenciarios.

A esos decesos se suman los reos fallecidos debido a enfermedades como tuberculosis, que según organizaciones de derechos humanos superaron los 500 en 2025.

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