“Se está solicitando la deportación y, en caso de que no fuera así, ya se establecerían las condiciones de extradición; pero estamos esperando que haya deportación, dado que entró de manera ilegal”, refirió la mandataria.
Durante su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República están realizando todas las gestiones necesarias con el Gobierno de Argentina, pues el individuo llegó a esa nación con un pasaporte falso.
Recordó el inicio el año pasado de una investigación a partir del arribo de un buque que “estaba reportando un permiso temporal de que traía otro producto” para evitar el pago de impuestos, cuando en realidad “tenía diésel que estaba entrando de contrabando”.
Como resultado, se generaron de órdenes de aprehensión contra varios sujetos, algunos de ellos de la Secretaría de Marina.
“A partir de ahí se detienen algunas personas y otra persona, que es la que se detuvo el día de ayer, se fugó del país, y el día de ayer, a través de Interpol (Policía Internacional), que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido”, explicó.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló la víspera que la captura fue realizada por autoridades de Argentina, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía Federal de ese país, y el acompañamiento de agencias internacionales.
A través de un comunicado, destacó igualmente la estrecha colaboración de la administración mexicana, a través de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC, así como de las oficinas de Interpol de ambos países.
Farías es señalado como cabecilla de una red de contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.
El hermano del sujeto, vicealmirante Roberto Farías, fue uno de los 14 individuos detenidos en septiembre del año pasado por las fuerzas del orden mexicanas, como parte del desmantelamiento de la trama.
El secretario de la Marina, Raymundo Morales, subrayó entonces que el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, y aseguró que se defendía el prestigio de su institución toda vez que se actuaba de manera contundente contra estas personas.
Según lo difundido, la red de contrabando afectó a la economía en miles de millones de pesos, y para desarticular el entramado de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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