Un comunicado de la agrupación afirma que desde los primeros días el Ejecutivo dio señales inquietantes, con el retiro de 43 decretos vinculados con la protección del entorno y de especies en peligro de extinción.

El texto, firmado por Matías Asun, director de Greenpeace Chile, precisa que 38 de esos instrumentos permanecen sin ningún avance a pesar de la promesa de reintegrarlos a la mayor brevedad.

Esta semana el gobierno presentó el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, que contiene elementos regresivos con impacto directo en la naturaleza, los ecosistemas y la biodiversidad. La organización advierte que, en primer término, se debilita la evaluación técnica de proyectos de inversión en zonas vulnerables, con la omisión de criterios de especialistas en salud, glaciología, recursos hídricos y bosques, entre otros, con el pretexto de acelerar los procesos.

En segundo lugar, el proyecto de ley sacrifica los fiordos patagónicos y reduce el monitoreo ambiental, para relocalizar operaciones de las salmoneras, entregándoles nuevas ubicaciones sin una estricta evaluación ambiental, ni participación ciudadana.

A esto se suma, puntualiza el comunicado, el retraso por varios años y sin justificación razonable, de normativas para proteger el patrimonio y la biodiversidad del país.

Finalmente, la supuesta Reconstrucción Nacional elimina herramientas a los Tribunales Ambientales para frenar proyectos empresariales cuando existan riesgos hacia el entorno.

Con esto, asegura Greenpeace, queda roto el equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo económico, dejando a las comunidades más expuestas a daños que podrían ser irreversibles.

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