De acuerdo con el comunicado oficial del legislativo, el proyecto presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, a nombre del Gobierno, la norma podría ir al pleno en el próximo período de sesiones que comienza en julio próximo.
“Esta Asamblea no quiere legislar de espalda al pueblo panameño y el interés de todas las bancadas aquí es que impulsemos leyes que beneficien el desarrollo económico de este país”, remarcó.
Según explicó Herrera, el objetivo de esa decisión es que la población sepa realmente en qué consiste el tema del bioetanol.
A solo tres días del cierre del periodo de sesiones ordinarias de la segunda legislatura y en medio de serias diferencias en el pleno, los diputados esperaban evaluar el Proyecto de Ley 443 que busca restablecer el marco legal para mezclar el etanol (10 por ciento) con las gasolinas en el istmo.
Sobre el tema, varios informativos los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, habían indicado que élites de poder empresarial y financiera, además de funcionarios públicos y los productores estarían presionando para obtener beneficios de aprobarse la iniciativa.
Entre los nombres que enfrentan las mayores críticas sobresale el actual contralor de la República, Anel Flores; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y la familia de los expresidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela( 2014-2019), que administran ingenios.
Entre quienes se oponen al proyecto está el diputado independiente Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, quien aseveró que cualquiera que tenga un negocio relacionado con el bioetanol lo va a defender a capa y espada; y subrayó además que esa producción no es amigable con el medio ambiente.
Uno de los ejes centrales del proyecto es que toda la gasolina que se comercialice en Panamá deberá contener un 10 por ciento de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.
La mezcla sería obligatoria una vez entre en vigor el Programa de Biocombustibles, cuya fecha de implementación quedaría en manos de la Secretaría Nacional de Energía(SNE), según establece el propio texto legal.
De acuerdo con la propuesta, los importadores y distribuidores de combustibles estarán obligados a adquirir la totalidad del bioetanol disponible en el país, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad exigidos.
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