El legislativo analizará este 30 de abril el destino de esa normativa, en una votación considerada clave por analistas y medios ante sus posibles impactos políticos y judiciales.

La llamada Ley de Dosimetría, aprobada a finales de 2025, establece nuevos criterios para el mecanismo mediante el cual los jueces determinan la duración de las condenas según la gravedad del delito, los antecedentes y las circunstancias del caso.

El texto prevé, entre otros puntos, la reducción de las sentencias para implicados en la trama golpista que llevó a los hechos del 8 de enero de 2023, cuando fueron atacadas las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.

Los cambios más relevantes incluyen que, en casos de múltiples delitos contra el Estado Democrático de Derecho, prevalezca la pena más grave sin acumulación.

Además, se abre la posibilidad de reducir hasta en dos tercios las condenas si los hechos ocurrieron en contextos de multitud y sin liderazgo directo, y se flexibilizan las reglas de progresión de régimen, al permitir el acceso a beneficios tras cumplir una fracción menor de la sentencia.

Lula vetó integralmente la propuesta al considerar que reducir la pena máxima para los delitos contra el Estado de Derecho democrático incrementaría la incidencia de crímenes de ese tipo.

Además, el mandatario argumentó que la normativa indicaría un retroceso en el proceso histórico de redemocratización que dio origen a la Nueva República.

Evaluaciones recogidas en medios brasileños indican que la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados favorece a la oposición, que ya logró aprobar el proyecto con amplia mayoría.

Dirigentes del Partido Liberal, alineados con el exmandatario Jair Bolsonaro, uno de los condenados por la trama golpista, proyectan más de 300 votos para derribar el veto de Lula en esa instancia legislativa, lo que superaría incluso el respaldo original de la iniciativa.

Analistas políticos y medios como Metrópoles y Carta Capital indican que la votación representa una prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el Legislativo en un año electoral, con un Congreso fragmentado y una base gubernamental que enfrenta dificultades de articulación.

Para que el veto sea revocado, se necesita la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (257 votos) y en el Senado (41 votos), y si no se alcanza ese total en alguna de esas instancias, la medida del mandatario se mantiene.

En la Cámara Alta, el escenario es visto como más indefinido y con alguna posibilidad para el gobierno de Lula, que trabaja para revertir al menos ocho votos de senadores que previamente apoyaron el proyecto de ley, según reportó el portal Brasil 247.

Desde el gobernante Partido de los Trabajadores, dirigentes y legisladores lanzaron fuertes advertencias sobre los efectos de la eventual derogación del veto.

La diputada Maria do Rosário afirmó que la medida podría beneficiar no solo a los implicados en los actos golpistas, sino también a condenados por delitos graves como feminicidio y otros crímenes violentos.

En la misma línea, el diputado Lindbergh Farias calificó la semana como “decisiva para la democracia” y alertó sobre un posible retroceso si se flexibilizan las penas para quienes atentaron contra el orden institucional.

La bancada del PT en la Cámara sostuvo en una nota que el proyecto contradice recientes avances legislativos en materia penal, entre ellos el endurecimiento de las reglas para crímenes como el narcotráfico, las milicias y el liderazgo de organizaciones criminales.

El grupo parlamentario advirtió que la Ley de Dosimetría podría reducir significativamente el tiempo efectivo de prisión para delitos graves, lo que afectaría la coherencia del sistema judicial y la protección de las víctimas.

Al mismo tiempo, sectores oficialistas no descartan recurrir al Supremo Tribunal Federal en caso de que el veto sea derribado, lo que abriría un nuevo frente en torno a la constitucionalidad de la norma.

Más allá de definir el futuro de la controvertida ley, la decisión del Congreso esta semana debe marcar el tono de la disputa política en Brasil en los meses previos a las elecciones de octubre venidero, en un contexto de alta polarización y debate sobre justicia, seguridad y defensa del orden democrático.

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