Las disposiciones fueron dadas a conocer durante el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

El encuentro se celebró en el Palacio Nacional con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar las repercusiones de la crisis internacional.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que las medidas buscan generar una disponibilidad cercana a 40 mil millones de pesos (unos 656 millones de dólares), respetando todos los compromisos ya formalizados bajo contrato.

Precisó que las apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción, de acuerdo con las prioridades nacionales.

Detalló que las acciones incluyen la reducción de gastos operativos y la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria.

También contemplan la disminución de reparaciones y mantenimientos menores, así como la racionalización de servicios y contrataciones.

A esto se suman la limitación de eventos a costos mínimos y ajustes en textiles, vestuario, viáticos y pasajes.

Asimismo, se aplicará una racionalización del gasto en combustible y publicidad, junto con la reducción de un 50 por ciento del presupuesto a los partidos políticos, entre otras medidas.

Además, se prevé una reducción verificable de las transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

Rijo Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario.

Indicó que el propósito es fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y concentrar los recursos en la protección de los sectores más vulnerables.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión es el aumento de los precios internacionales del petróleo.

Señaló que este escenario genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.

En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de 10 dólares por barril implica unos 763 millones de dólares adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana.

Esto incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios, manifestó. Aun así, resaltó que el país ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de las naciones de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias.

No obstante, advirtió que estos esfuerzos conllevan un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.

A su vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, impulsado por un alza superior al 80 por ciento en el precio del petróleo.

Indicó que la estrategia del Gobierno se centra en tres objetivos: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios.

También busca sostener la inversión pública, apoyada en reservas internacionales superiores a 16 mil millones de dólares, estabilidad cambiaria, crecimiento económico y el fortalecimiento de los programas sociales.

Añadió que estas acciones se complementan con una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.

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