El Legislativo debe decir este jueves si mantiene o rechaza el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a esa propuesta de normativa, la cual introduce modificaciones relevantes en la legislación penal brasileña y puede llevar a la reducción de condenas de los sentenciados por el intento de golpe de Estado de 2023.
Durante la sesión conjunta que se celebra con ese fin, Alcolumbre informó que los trechos del proyecto que modificaban la progresión de régimen, incluidos entre los incisos cuatro y 10 del artículo 112 de la Ley de Ejecución Penal, quedarían fuera de análisis.
Según explicó, esas disposiciones chocarían con la nueva Ley Antifacción, sancionada en marzo, lo que podría generar contradicciones jurídicas.
El titular del Congreso defendió la medida como una forma de “evitar conflictos normativos” y preservar la coherencia del orden legal vigente; sin embargo, la decisión abrió un debate inmediato entre diputados y senadores sobre la legalidad y el alcance de esta maniobra procedimental, según reportan medios locales de prensa.
Entre las modificaciones que establece el polémico proyecto se encuentra que, en casos de múltiples delitos contra el Estado Democrático de Derecho, prevalezca la pena más grave sin acumulación.
Además, se abre la posibilidad de reducir hasta en dos tercios las condenas si los hechos ocurrieron en contextos de multitud y sin liderazgo directo, y se flexibilizan las reglas de progresión de régimen, al permitir el acceso a beneficios tras cumplir una fracción menor de la sentencia.
Estas transformaciones podrían beneficiar a condenados por los actos del 8 de enero de 2023, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), cuyas sentencias podrían ser revisadas y rebajadas.
No obstante, especialistas advierten que, al alterar normas generales incluidas en la Ley de Ejecución Penal, los efectos de la nueva normativa podrían extenderse a condenados por otros delitos, incluidos crímenes graves, al reducir los requisitos para la progresión de régimen, lo que estaría motivando la maniobra de Alcolumbre.
Un editorial publicado anoche por el diario Folha de S. Paulo afirma que la eventual derrota del veto de Lula expone una contradicción en sectores de la derecha radical y del bolsonarismo, que han defendido el endurecimiento de penas mientras impulsan cambios que pueden beneficiar a condenados por los actos del 8 de enero.
Según el periódico, esa postura revela hipocresía política, ya que el mismo bloque que exige mayor rigor contra criminales apoya ahora una flexibilización de reglas que podría favorecer a sus propios líderes y aliados.
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