La entidad explicó en su llamado el peligro que para las comunidades supone la coexistencia armada entre el grupo Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Alertó que, tras un acuerdo pactado en 2024, estos grupos se distribuyen el territorio, el control de los corredores transfronterizos hacia Ecuador, el tráfico por la troncal Vía al Mar, así como la captación de rentas del narcotráfico y el auge minero ilegal.
La terminación de la mesa de diálogos con la CNEB en agosto del 2026 introduce un riesgo inminente de disputas directas en el corto plazo y no se descarta el reingreso de otras facciones armadas, enfatizó la Defensoría.
Detalló asimismo que estas organizaciones se apoyan en la tercerización criminal con estructuras como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) —con articulaciones en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros—, la Nueva Urías Rondón Frente 37 y bandas delincuenciales locales como Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos.
El organismo apuntó que estas bandas asumen tareas directas de sicariato, cobro de extorsiones y vigilancia.
“El ejercicio de estas gobernanzas armadas impuestas vulnera la autonomía comunitaria y la integridad física de las poblaciones indígenas Awá (asociadas a Camawari y Uripawa) y Los Pastos del Gran Mallama”, expuso la entidad.
Frente al escenario, que calificó como crítico, la Defensoría formuló 29 recomendaciones con el fin de procurar que la atención a los riesgos vaya más allá de las intervenciones en materia de orden público y esté acompañada de estrategias para garantizar plenamente los derechos de la población en Mallama y Ricaurte.
Las directrices orientan a las entidades del Estado en la implementación de acciones de disuasión y mitigación de los factores de amenaza, reducción de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y protección diferencial de las poblaciones en riesgo.
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