Acorde con medios de prensa, Bonilla –quien fungía como secretaria general de Gobierno- recibió 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

La gobernadora interina rindió protesta y en su primer mensaje dijo asumir con “responsabilidad y honor” el puesto, relató el diario La Jornada.

Rocha pidió anoche la licencia mientras dure un proceso de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que Estados Unidos lo acusara a él y a nueve funcionarios y ex funcionarios de vínculos con el Cártel de Sinaloa, sin presentar pruebas suficientes, según autoridades.

Después de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Washington, la Fiscalía concluyó ayer que no existen evidencias para esa medida.

“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, refirió el órgano autónomo en un comunicado.

Advirtió que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar y añadió que la difusión pública de la información base (por parte de Washington) pone en riesgo el debido proceso.

Por esas razones, señaló que enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar a la autoridad requirente las pruebas y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información, para analizarlas y fijar un posicionamiento institucional.

Reiteró que emprendió las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos, ocurridos en territorio nacional, en términos de la legislación mexicana y “de acuerdo con el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el miércoles el levantamiento de los cargos contra los 10 ciudadanos.

La Cancillería de México informó ese mismo día sobre las solicitudes de Washington, refirió que en los documentos no se anexaban pruebas y remitió la información a la Fiscalía General de la República, acorde con el marco normativo vigente.

El viernes la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó durante su habitual conferencia de prensa que la FGR tiene que hacer el análisis, pues resulta la autoridad competente.

“¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. (…) tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico en efecto la responsabilidad de una u otra persona”, dijo.

Más tarde, reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía y advirtió que ningún gobierno extranjero puede entrar a este territorio.

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