El equipo, creado en 2024, tenía como objetivo esclarecer las violaciones a los derechos humanos sufridos por niños y adolescentes entre 1979 y 2024, cuando estaban supuestamente bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), o sistemas de cuidado privados.
La tarea consistía en recoger testimonios de sobrevivientes, reconocer la magnitud del daño ocasionado, proponer mecanismos de reparación y la garantía de que estos hechos no volverían a repetirse.
Si bien no hay una cifra definida sobre los casos, se conoce que en ese período unos 700 mil menores estuvieron en alguna residencia o centro de protección del Sename y muchos sufrieron abusos, maltrato o incluso perdieron la vida por las pésimas condiciones existentes en esos sitios.
Sólo entre enero de 2005 y julio de 2016 se registraron unas 800 muertes y un informe de la Policía de Investigaciones publicado en 2017 reveló que en un año ocurrieron dos mil 71 hechos de maltratos físicos y abusos sexuales cometidos por adultos.
La Comisión Presidencial tenía como propósito contribuir a esclarecer esta oscura historia del Sename, pero sus miembros señalaron que la cartera de Justicia y Derechos Humanos debilitó estructuralmente su funcionamiento.
Hubo decisiones, señalaron, como la desarticulación del equipo profesional que apoyaba sus labores, modificaciones en el modelo territorial y la falta de condiciones para la toma de declaraciones de víctimas o testigos.
En un comunicado público emitido este sábado los cuatro miembros de la Comisión afirmaron que la recolección de testimonios no es un trámite administrativo, sino un proceso donde hace falta especialización, continuidad y el resguardo ético de la información, el cual está hoy en riesgo.
Tras décadas de silencio muchas víctimas estaban dispuestas a hablar por primera vez ante una institución del Estado, aseguraron.
Firmaron la dimisión la presidenta del equipo, Soledad Larraín, junto a Matías Merchant, María Estela Ortiz y Judit Schönsteiner, quienes reiteraron que el esclarecimiento de las vulneraciones a menores entre 1979 y 2024 es una tarea de Estado y no de un gobierno de turno.
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