Según los reportes de prensa sobre el tema, los agentes federales ejecutaron 10 órdenes de búsqueda y captura y una orden de prisión temporal en los estados de Piauí, São Paulo, Minas Gerais y el Distrito Federal.
Estas medidas fueron autorizadas por el ministro del Supremo Tribunal Federal André Mendonça, relator del llamado caso Master, el cual involucra presuntos fraudes financieros multimillonarios, incluidos la venta de créditos ficticios, corrupción y lavado de dinero.
La decisión judicial también determinó el bloqueo de 18,85 millones de reales (3,8 millones de dólares) en bienes y activos vinculados a los investigados.
Durante la operación fue detenido temporalmente Felipe Cânçado Vorcaro, primo del propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 4 de marzo y busca realizar una delación premiada ante la PF y la Fiscalía General.
Informaciones difundidas por medios brasileños se refieren a sospechas de la Policía de que Ciro Nogueira habría recibido pagos mensuales de Vorcaro, inicialmente de 300 mil reales (60 mil dólares) y posteriormente de hasta 500 mil reales (100 mil dólares), además de otros beneficios económicos.
La investigación sostiene que el vínculo entre el senador y el banquero “extrapolaba” una relación de amistad o articulación política regular e incluiría ventajas financieras y apoyo legislativo.
Entre los supuestos beneficios señalados figuran la adquisición de participación societaria por un valor inferior al de mercado, uso gratuito de inmueble de alto estándar y pago de viajes internacionales.
La PF también analiza conversaciones incautadas en las que Vorcaro afirma que una Propuesta de Enmienda Constitucional sobre autonomía financiera del Banco Central, presentada por Nogueira, “salió exactamente” como había solicitado.
De acuerdo con las investigaciones, el Banco Master operaba un esquema de comercialización de créditos considerados irregulares o sin respaldo suficiente, lo que habría generado millonarios perjuicios al sistema financiero brasileño y despertado alertas del Banco Central.
La Operación Cumplimiento Cero fue lanzada en noviembre de 2025 y desde entonces avanzó sobre empresarios, operadores financieros y agentes políticos sospechosos de integrar una organización dedicada a fraude bancario, lavado de activos y tráfico de influencias.
El caso adquirió gran repercusión por las conexiones entre el grupo investigado y figuras relevantes de la vida política, así como por las sospechas de que proyectos legislativos y propuestas económicas habrían sido influenciados por intereses privados vinculados al banco.
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