En una entrevista concedida al medio estadounidense ABC News, el ministro de Relaciones Exteriores fue claro: «Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos: ni para su seguridad nacional, ni para su política exterior, ni para su economía, ni para el estilo de vida estadounidense».
«Parece que el gobierno de Estados Unidos ha elegido un camino peligroso; un camino que podría derivar en consecuencias inimaginables, en una catástrofe humanitaria, en un genocidio, en la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses; también podría conducir a un baño de sangre en Cuba», dijo.
Rodríguez expresó que no se ha producido ningún avance en las conversaciones con Estados Unidos y desestimó las recientes exigencias de la administración de Donald Trump en materia de reformas políticas y económicas. «Puedo decirle que no veo ningún progreso», subrayó.
El jefe de la diplomacia cubana reiteró la disposición de diálogo «sobre una gran variedad de cuestiones bilaterales», pero enfatizó que los temas relacionados con el sistema político o los asuntos internos de Cuba «no están sobre la mesa».
Rodríguez refutó los falsos pretextos utilizados por la Casa Blanca de Trump para justificar una eventual agresión militar contra Cuba, algo «prohibido por el derecho internacional», acotó.
Las últimas semanas la hostilidad de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, escaló con permanentes amenazas de futuras acciones contra la isla “muy pronto”.
Trump se ha referido -con mentalidad de conquistador del siglo XXI- a que “tomará el control de Cuba casi de inmediato” y amenaza con desplegar portaaviones estadounidenses cerca de sus costas para, supuestamente, forzar una rendición.
Desde que asumió su segundo periodo en la Casa Blanca el 20 de enero del pasado año, el presidente Trump ha redoblado su apuesta contra Cuba. El primer día en el cargo firmó una orden ejecutiva que revirtió medidas tardías, pero en la dirección correcta de su predecesor demócrata, Joe Biden.
Biden, quien durante sus cuatro años en el Despacho Oval se mantuvo en línea con la política de Trump hacia Cuba, una semana antes de concluir su presidencia decidió eliminar al país de la unilateral y arbitraria lista de Estados Unidos de supuestos patrocinadores del terrorismo.
Así, en cascada, fueron llegando una tras otra las disposiciones, todas destinadas a estrangular a la nación antillana con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico, financiero y comercial más largo de la historia con el objetivo de derrocar a la Revolución cubana o, sea, el cambio de régimen.
Atacó las remesas (desde el 31 de enero de 2025 fueron suspendidas); incrementó la persecución a la cooperación internacional de Cuba en el área de la salud a través de campañas de presión que hicieron ceder a algunos países, los cuales abandonaron ese programa humanista.
También la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha intensificado su persecución a las operaciones financieras de la isla; puso fin al programa de parole humanitario; suspendió visas para intercambios culturales, deportivos y científicos, y en un giro sin precedentes tras 23 años de suspensión, Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton.
El pasado 29 de enero, un año después de su regreso al poder, firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba bajo el falso argumento de que constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
En virtud de ello se impuso un bloqueo energético a la isla y amenazó con aranceles punitivos y sanciones secundarias a cualquier país, empresa o naviera que intentara vender petróleo a Cuba, algo que constituye una violación flagrante de la soberanía de terceros Estados.
El 1 de mayo, Trump publicó un decreto que amplía las acciones coercitivas unilaterales de su Gobierno contra Cuba, que son una extensión de las anunciadas en enero, aunque no mencionó en ese momento entidad o persona en específico, pero ayer el secretario de Estado dio a conocer las entidades cubanas y personas incluidas en este registro de penalidades que evidencia su extraterritorialidad.
Una reciente votación (51-47), en el Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa demócrata sobre poderes de guerra para limitar las posibles operaciones militares que Trump pudiera ordenar contra Cuba sin la autorización del Congreso.
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