Juan Martínez, de 57 años, estaba sentado junto a la pared del inmueble que resguardaba en la norteña ciudad de Trujillo, cuando el automóvil de Maricsa Alfaro, tras una noche de copas, lo embistió de lleno contra el muro y falleció unos días después de cuidados intensivos.

La mujer bajó tambaleándose del auto, se acercó a la víctima y estaba a punto de fugarse, cuando un motociclista la obstruyó, llamó a la policía y la Fiscalía ha pedido que sea condenada a prisión.

Días después, en la misma ciudad, otra mujer ebria estrelló su auto en una modesta precaria vivienda que destruyó completamente y se limitó a preguntar a la familia afectada “¿cómo arreglamers?” frase que se usa al ofrecer un pago de dinero en un arreglo directo de un accidente de tránsito.

Los graves incidentes podrían quedar en las páginas policiales, sino fuera porque un grupo de congresistas tramita una especie de amnistía consistente en devolver la licencia a quienes la perdieron en forma definitiva por faltas graves como la de condicir en estado de ebriedad.

Los promotores creen suficiente para que se apruebe la medida que el proyecto excluye a los sancionados que perdieron la licencia por causar pérdida de vidas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó un informe, según el cual, entre 2015 y 2025 un total de 86 mil 297 licencias fueron canceladas a perpetuidad y la causa fue que los titulares manejaban ebrios, lo que demuestra la magnitud y la gravedad del problema.

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