Según un comunicado de la entidad, el Gobierno oficializó un nuevo marco legal, mediante Decreto Ejecutivo, en el que declara las tecnologías emergentes como áreas de seguridad nacional.

El reconocimiento de brechas que han expuesto historiales médicos y datos financieros en la llamada “web oscura”, coincide con la creación de la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes.

Este organismo, presidido por el Ministerio de la Presidencia, nace con la misión de identificar y gestionar riesgos proactivamente, buscando una “soberanía tecnológica” que reduzca la dependencia externa y fortalezca la protección de los ciudadanos.

La AIG ha señalado que la digitalización avanza más rápido que la capacidad de protección, un riesgo intrínseco que el nuevo decreto busca mitigar a través de una gobernanza interinstitucional.

La Comisión integrará a las carteras de Seguridad, Economía y Finanzas; y a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), entre otros organismos, para alinear la defensa del Estado con los estándares internacionales.

La medida se enfoca no solo en la respuesta a incidentes, sino en la creación de capacidades locales para que Panamá pueda desarrollar sus propias herramientas de enfrentamiento a este tipo de delitos.

Esto incluye el impulso a sectores como la ciberseguridad, tecnologías cuánticas y semiconductores, considerados ahora como pilares estratégicos e indispensables para el bienestar social y la competitividad económica.

Entre los primeros pasos dados para ordenar el ecosistema digital sobresale la creación de la Subcomisión de Inteligencia Artificial(IA), que deberá presentar ante el Consejo de Gabinete una estrategia nacional que promueva un uso ético, seguro y, sobre todo, inclusivo de esta tecnología.

Ese colectivo además debe asegurar que la regulación no detenga la innovación, pero sí cierre las ventanas a las redes de extorsión y fraude.

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