“Como diputada uninominal del departamento de Santa Cruz ya alerté por escrito sobre los responsables de lo que me pueda ocurrir a mí o a mi familia; cinco individuos interesados en esta ley no me van amedrentar”, aseguró ante la prensa sin precisar nombres.

La citada normativa establece la conversión de la pequeña propiedad de tierras productivas en mediana y su posible hipoteca y embargo, por lo cual sus críticos consideran que solo beneficia a la oligarquía del negocio agroindustrial y advierten que constituye una puerta abierta a la expansión del latifundio.

Sobre este tema, el dirigente campesino del departamento boliviano de Beni Aixar Ortiz Moreno aseguró que los marchistas indígenas que demandan la derogación de la Ley 1720 permanecerán en La Paz hasta que la misma sea abrogada.

“Cumpliremos el mandato de nuestras bases y no regresaremos hasta que la Cámara de Senadores desactive esa norma y el presidente, Rodrigo Paz, promulgue la ley que marque la derogación, afirmó en entrevista concedida a Prensa Latina en la sede de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde los marchistas encuentran resguardo del frío del altiplano boliviano.

El secretario ejecutivo de la Central Florida, afiliada a la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Regional Vaca Diez, del departamento de Beni, insistió en que ya se logró la primera victoria con la aprobación del proyecto el viernes último en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ratificó, “falta el pronunciamiento del Senado y la promulgación presidencial, por lo cual con nuestra presencia activa en La Paz defenderemos nuestros derechos sobre el territorio de esta zona de la Amazonía”.

Esa acción era parte de las exigencias de sectores campesinos e indígenas de dejar sin efecto la normativa aprobada en las dos cámaras legislativas y promulgada ante los hacendados del agronegocio por el presidente, Rodrigo Paz, en tiempo récord.

La demanda de abrogación fue incluida incluso en los acuerdos alcanzados el miércoles último entre el Gobierno y una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), repudiada por cientos de marchistas campesinos e indígenas de los departamentos de Beni y Pando.

Tras 30 días de marcha en que recorrieron 100 kilómetros, esos cientos de campesinos e indígenas movilizados permanecen en vigilia en La Paz, y advierten que no se retirarán hasta que no se derogue la 1720.

En el lado contrario, la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz advirtió que retirará su apoyo al Gobierno si esa ley es derogada.

mpm/jpm