Fuentes de la Cámara de Senadores afirmaron ante la prensa que el texto original sufrió modificaciones, al incluir dos disposiciones transitorias.

La primera establece que, en un plazo máximo de 60 días, las dos cámaras deberán concertar una nueva normativa que defina mecanismos técnicos, administrativos y legales para que la pequeña propiedad agraria pueda acceder voluntariamente a beneficios productivos.

Una segunda advierte que ese proceso de concertación deberá realizarse con participación de entidades nacionales y departamentales que cuenten con representatividad y legalidad a las que se menciona como “verificadas”.

Después de la aprobación en detalle, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, confirmó que el proyecto retornará a la cámara de origen.

“Queda aprobada la presente ley, por tanto, debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta cámara”, sostuvo.

Con posterioridad, declaró un cuarto intermedio (receso) en la sesión legislativa hasta este miércoles a las 09:00 hora de Bolivia para el debate de otros temas.

El tratamiento de la norma aprobada transcurrió en un contexto de protestas y vigilias instaladas en inmediaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por marchistas indígenas y campesinos de Pando y Beni, quienes caminaron más de 100 kilómetros durante 30 días con la exigencia de que se elimine la 1720.

Durante el debate, el senador Branko Marinkovic defendió inicialmente la norma al señalar que permitía mejorar el acceso al crédito para pequeños productores; sin embargo, al final, dijo respaldar su abrogación para contribuir a reducir la conflictividad.

El también terrateniente del departamento de Santa Cruz pidió que cesen las protestas y adelantó que impulsará una nueva propuesta regionalizada sobre el tema agrario.

Por su parte, el dirigente campesino del departamento boliviano de Beni Aixar Ortiz Moreno aseguró que los marchistas indígenas que demandan la derogación de la Ley 1720 permanecerán en La Paz hasta que esa normativa sea promulgada.

“Cumpliremos el mandato de nuestras bases y no regresaremos hasta que la Cámara de Senadores desactive esa norma y el presidente, Rodrigo Paz, promulgue la ley que marque la derogación, afirmó en entrevista concedida a Prensa Latina.

El secretario ejecutivo de la Central Florida, afiliada a la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Regional Vaca Diez, del departamento de Beni, insistió en que ya se logró la primera victoria con la aprobación del proyecto, pero persistirán.

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